Crédito para fomentar demanda interna ante crisis mundial. Burócratas no ven beneficio.
Pagar uno, dos o tres sueldos por adelantado a los empleados del sector público es una de las medidas decretadas por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial, aunque no es algo nuevo y quienes se podrían beneficiar no lo consideran tan conveniente.
El artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 1442, firmado públicamente el 20 de noviembre pasado, por el presidente Rafael Correa, establece que las instituciones públicas reguladas por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) podrán conceder anticipos automáticos de hasta tres remuneraciones a los funcionarios y servidores públicos que lo soliciten.
Esto fue parte de un paquete de medidas adoptadas. Ese día, Correa expresó que esos anticipos servirán para incentivar la demanda interna. Y admitió que la disposición ya existía, pero que no había sido aplicada en varias instituciones.
Para el analista económico Pablo Lucio Paredes (ex asambleísta), el gran problema que existe con este tipo de medidas es que, al parecer no se ha dimensionado cuánto tiempo va a durar la crisis. Si la crisis va a ser corta, no hay problema en gastarse el dinero en los próximos meses. Pero si el problema continúa por más de seis meses, probablemente se produzca un gasto importante, pero para el futuro los ciudadanos se verán sin dinero para nada.
El segundo problema es que el Estado no está priorizando adecuadamente en dónde va a invertir el dinero que tiene, a fin de dinamizar la economía. Para él, la forma más fácil de entregar el dinero puede ser a través del gasto corriente, pero esto no ayuda a las exportadoras que tienen problemas en colocar sus productos en el exterior, a los migrantes cuyas remesas han bajado. Y la medida ayuda a los menos afectados, que son los empleados públicos porque ellos tienen trabajo y salario fijos.
De su parte, Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, opinó que se trata de una medida que va en el camino correcto para dinamizar la economía, pues incentiva el consumo. Sin embargo, cree que los servidores podrían tener limitaciones por su reducida capacidad de pago y el grado de endeudamiento que ya tienen al momento.
Efectivamente, el presidente de la Asociación de Servidores Públicos, Miguel García, dijo que no se está aplicando una medida nueva, pues ya existía.
Explicó que el problema que hay actualmente y que ha frenado la aplicación del decreto que ya entró en vigencia en abril pasado, es el de los plazos de pago.
Según García, los servidores deben pagar el anticipo de su salario, en el mismo año fiscal que se realizó el pedido.
Es decir si aplicaran al anticipo ahora deberían pagar esa deuda en diciembre, lo cual no significaría ningún beneficio. Incluso comentó que si adquirieran los anticipos en enero y febrero del 2009, el pago en 11 o 12 meses también lo vuelve restrictivo. Si se considera que un trabajador público puede pedir prestado un promedio de $ 2.100, cada mes debería pagar entre $ 180 y $ 200, lo cual resulta oneroso, para una economía común.
Para García el plazo debería ampliarse a 18 o 24 meses.
Medidas: REACCIONES A CRISIS
Aumentar circulante
En el sexto considerando del Decreto Ejecutivo Nº 1442, el Gobierno recuerda que el 22 de abril del 2008 se reformó el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (artículo 236) para que los funcionarios y servidores públicos “puedan solicitar el anticipo de hasta el ciento por ciento de sus remuneraciones”.
Mejorar oferta local
El Consejo de Comercio Exterior aprobó ayer una reforma arancelaria (novena de este Gobierno) para encarecer ciertas importaciones, y que regirá durante el periodo de crisis. En las próximas semanas se prevén nuevos cambios para bajar aranceles a bienes y materias primas del sector industrial y agrícola.
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