lunes, 28 de julio de 2008

Se propone un Estado más oneroso

Los asambleístas de la mayoría oficialista de Acuerdo País no determinaron cuánto costará implementar una serie de derechos e instituciones nuevas.

Una compleja y costosa gama de nuevas instituciones y un paquete de cerca de 80 leyes son necesarios para la ejecución práctica de los 444 artículos del proyecto de nueva Carta Política que fueron aprobados la noche del pasado jueves en Ciudad Alfaro.

La división en dos instituciones del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), la creación del Consejo Nacional de Planificación (CNP), la Corte Constitucional y la quinta función del Estado de Transparencia y Control Social, son algunas pinceladas de la nueva arquitectura institucional, que se someterá a referéndum el próximo 28 de septiembre.

Más derechos
Entre los derechos consagrados en la nueva institucionalidad están, entre otros, el derecho a la reparación de la naturaleza, el derecho a la resistencia, la iniciativa popular y la acción ciudadana.
Según los artículos sobre Organización del Poder, en cada nivel de gobierno (nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial) habrá instancias de participación ciudadana como las asambleas, veedurías y cabildos populares. El proyecto tiene 444 artículos distribuidos en 9 títulos.A eso se suma un sinnúmero de derechos de todo tipo que deberán ser costeados directamente con fondos estatales.

Para el analista político Luis Verdesoto, la elaboración del proyecto de Constitución no tuvo un análisis serio de los costos que para el Estado implicará la nueva institucionalidad.

Temas como la seguridad alimentaria, la remediación ambiental, el seguro universal, la educación gratuita hasta el tercer nivel y el aumento de 14 a 15 años la edad para que un adolescente pueda trabajar, corren el riesgo de quedarse en papel.

“En todos los procesos constituyentes contemporáneos, antes de crear un derecho o una institución, se analiza su factibilidad en la realidad. Aquí se hizo a la inversa”, asegura el experto.

El académico explica que el proyecto constitucional apuntala a consolidar un Estado grande caracterizado por la centralidad política y la captación de excedentes económicos.

Eso con dos objetivos claros. El primero apunta a expandir la base de movilización popular a través de la inclusión de derechos ciudadanos que ya están reglamentados en la legislación interna o contemplados en los convenios internacionales suscritos por el país. El segundo a estatizar a la sociedad civil incluyéndola como una nueva función del Estado.

Verdesoto estima que solo en la parte de reordenamiento territorial son necesarias unas 25 leyes que en la práctica deberán ser tramitadas por el ‘Congresillo’ que se instalará siempre que gane el sí en el referéndum.

Pero para Hólguer Paúl Córdova, quien fue asesor externo de la Mesa 2, la nueva institucionalidad no significará costos extraordinarios para el Estado debido a que se aprovecha la institucionalidad vigente en cuanto a recursos humanos y económicos.

Y eso al menos es lo que reflejan dos transitorias del proyecto constitucional mediante las cuales se agrupa a varios de los actuales consejos nacionales de la niñez; de la mujer; de los indígenas, entre otros, en los denominados Consejos Nacionales de la Igualdad, adscritos a la Función Ejecutiva.

Lo propio ocurre -vía transitoria- con la actual Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Anticorrupción, que pasan a formar parte del Consejo de Participación y Control Social, de la flamante función que lleva el mismo nombre. Así hay algunos casos, explica Córdova.