Los artículos sobre Seguridad Social que se discutieron ayer en segundo debate plantean la universalización de ese servicio que, progresivamente, cubra a todos. Solo el 8,1% de la Población Económicamente Activa la tiene (según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC).
La asambleísta Betty Tola, de PAIS, dijo que el financiamiento provendrá de tres fuentes: los empleados con relación de dependencia, quienes generan ingresos y contribuyen al Estado (los profesionales, por ejemplo) y el Estado a través de subsidios, en ese rubro se cubriría a las amas de casa. El presidente de la República, Rafael Correa, había planteado que se aplique también para desempleados, pero no fue aceptado.
El tema tiene tres disposiciones transitorias para la creación del Banco del Afiliado; que se otorgue –con financiamiento del Estado– pensiones a personas que hayan cumplido 65 años antes de la vigencia de la Constitución y a las personas con discapacidad que no reciban protección provisional, y para que en el plazo de un año se apruebe la nueva Ley de Seguridad Social.
Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) señaló que el mencionado banco podría generar más riesgos que beneficios para el afiliado, porque la institución podría no cobrar las deudas de sus clientes. Sin embargo, Diego Borja (Poder Ciudadano), dijo que este tiene que orientar su manejo hacia las inversiones rentables.
En el paquete de transitorias consta, también, la que planteó Jaime Ruiz (PAIS) como mandato constituyente: declarar imprescriptibles las acciones penales que se iniciaron por delitos relacionados a la crisis financiera entre 1994 y el 2000.
Tola dijo que la mesa pedirá que ese texto se incluya en el apartado que se refiere al sistema financiero, dentro del capítulo de Soberanía Económica.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario