MONTECRISTI, Manabí | AFP
La Asamblea Constituyente dio este martes una bocanada de aire a los empresarios al anunciar que garantizará el derecho a la propiedad privada, aunque enfatizó que es partidaria de cobrar más tributos.
"La propiedad privada está garantizada y tendrá que cumplir con una función social", dijo el presidente de la Constituyente, Alberto Acosta.
El líder del oficialismo calmó al Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, que en un mensaje a los asambleístas manifestó que el progreso "no se logrará con la aplicación de principios que desvaloricen la propiedad y coarten la iniciativa privada".
"No creemos que a Ecuador le convenga sistemas que fomenten un Estado todopoderoso y aparentemente benefactor, que no han dado resultados positivos en los países que los han aplicado", agregó el Consejo.
El presidente Rafael Correa, quien gobierna sin Congreso desde la destitución de los diputados por parte de la Constituyente el pasado jueves, ha planteado varias reformas para robustecer el papel del Estado en la economía, alegando que la actual Constitución legitimó el "neoliberalismo permitiendo privatizar hasta el agua".
Mientras Acosta remarcó que el respeto a la propiedad privada se mantendrá en la nueva Carta Magna, el dirigente empresarial Patricio Donoso exhortó a los asambleístas a ir más allá y dejar de lado cualquier restricción a la libre empresa. "La única forma de tener la certeza de la propiedad y generar inversión y empleo es que esa garantía de la propiedad sea absoluta, que no puede estar condicionada", añadió.
Donoso agregó que los empresarios esperan que los asambleístas "generen una Constitución buena que dure todo el siglo XXI, no una Constitución que sirva solo a los 37 meses que le restan al gobierno de Correa sino los subsiguientes".
Entretanto Acosta apuntó que la propuesta del movimiento oficialista Acuerdo PAIS (con 80 de las 130 curules) es la de crear "una economía de propietarios, de productores, y no de especuladores y monopolistas".
Enfatizó que todos los sistemas de la economía tienen que tener claramente garantizados las formas de propiedad y que el oficialismo hará lo posible para combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas.
Correa ha denunciado dichas prácticas en las industrias de cemento y telecomunicaciones, donde tienen participación la francesa Lafarge y el magnate mexicano Carlos Slim, respectivamente.
El jefe de la Constituyente además anunció una reforma para obligar a los más ricos a pagar más impuestos. "Creemos que en la nueva Constitución tiene que incorporarse el criterio, el concepto de la progresividad, quien más gana y más tiene, debe tributar más como sucede en casi todos los países desarrollados del mundo", indicó.
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