El mnistro de Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, explicó que la propuesta pretende "facilitar a las personas perjudicadas con el robo de su celular la posibilidad", inmediatamente después de la sustracción, de que "el uso de su teléfono sea inmovilizado".
EFE
Las operadoras de móviles de Ecuador, Otecel, Conecel y Telecsa, tendrán que registrar y hacer un empadronamiento de sus usuarios y de los equipos vendidos como medida de control para que, ante un posible robo, el cliente pueda inutilizar su teléfono, informó hoy el ministro Gustavo Larrea.
El Ministerio de Seguridad y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) emprenderán acciones conjuntas para reducir el robo de teléfonos celulares en el país. El objetivo es desactivar el móvil robado desde la operadora, una vez que se haya realizado la denuncia correspondiente en las oficinas de la Policía.
Las operadoras de telefonía móvil tendrán la obligación de llevar una base de datos de sus abonados. Dicha información contendrá nombres y número de cédula de los propietarios de las líneas. Además, registrará los números de serie del celular y el código IMEI, con el cual la operadora podrá desactivar el aparato, sea cual sea el lugar donde se encuentre.
La propuesta, presentada en conjunto por este ministerio, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) establece un plazo de 90 días desde la aprobación de la propuesta para que las operadoras nacionales realicen el control.
Según Gustavo Larrea, ministro de Seguridad, este tipo de medidas han sido adoptadas en países como Colombia o México. De ahí que la acción conjunta con otros países latinoamericanos y sus respectivas policías permitirá que los aparatos robados no sirvan en otros países.
El ministro explicó que "medidas similares han sido adoptadas en otros países como Colombia o México" y que la acción conjunta con otros países latinoamericanos "coordinará a los Estados y a las policías para que estos aparatos (robados) no sirvan en otros países".
Larrea indicó que en Ecuador existen más de 13 millones de teléfonos móviles en funcionamiento y que "hoy por hoy" son los artículos más robados.
Asimismo, las operadoras tendrán que llevar también un registro de los equipos robados que deberán actualizar "cada día", añadió el ministro.
Jaime Guerrero, presidente del Conatel, declaró que el consejo apoyará "inmediatamente" esta iniciativa y que ya tiene listo el proyecto para presentarlo a las operadoras.
Por su parte, Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, afirmó que el propósito de la iniciativa es "coordinar acciones" entre todos los actores implicados, para conseguir un control "más efectivo".
Según Jaramillo, será la Superintendencia de Telecomunicaciones la encargada de vigilar e inspeccionar la base de datos que las operadoras elaborarán sobre los teléfonos móviles robados.
El proyecto se inserta dentro del grupo de iniciativas que conforman el Plan de Seguridad que incluye reformas al Código de Procesamiento Penal y dotación de medios a los Cuerpos de Seguridad entre otras medidas, para luchar contra la delincuencia.
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