QUITO | EFE
El Movimiento Popular Democrático (MPD) ecuatoriano presentó hoy en la Fiscalía una denuncia penal solicitando acciones legales en contra de ocho ex presidentes del país por presuntas irregularidades en el proceso de endeudamiento público de Ecuador.
La demanda del MPD, aliado del Gobierno de Rafael Correa, está dirigida contra, entre otros antiguos funcionarios, los ex mandatarios Sixto Durán Ballén, León Febres-Cordero, Oswaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
La acción penal abarca por lo tanto a todos los gobernante de Ecuador entre 1981 y 2006, cuando asumió el poder Correa, salvo Abdalá Bucaram, que fue destituido por "incapacidad mental" en 1997 tras apenas seis meses en el poder.
También incluye a la antigua gerente del Banco Central de Ecuador y ex presidenta de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos, a los ex ministros de Finanzas Mario Ribadeneira y Sebastián Pérez Arteta, los ex procuradores del Estado Nicolás Parduchi y Carlos Larreátegui, el actual representante de los Bancos Privados, César Robalino, y la ex cónsul en EE.UU. Myriam Mantilla, entre otros.
La demanda se presentó cuatro días después de que la Comisión de Auditoría de la Deuda, conformada por el Ejecutivo, presentase sus conclusiones sobre el manejo de la deuda tras un año de estudio, en las que se habla de irregularidades en el manejo de la deuda y en las que se recomendaba no pagar ciertas obligaciones.
El director del MPD, Luis Villacís, dijo hoy que el informe de la Comisión Auditora señala una serie de irregularidades en los procesos de negociación, contratación y renegociación de la deuda externa en sus tramos multilateral, bilateral y comercial que se hicieron en el período 1976-2006.
"Las acciones y omisiones realizadas por los ex funcionarios mencionados, incluidos los ex presidentes de la República, se constituyen en presunciones delictivas como: usura, peculado, prevaricato, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsedad ideológica", explicó.
Villacís agregó que esos delitos están "tipificados y sancionados" en el Código Penal ecuatoriano.
Por ello, el Movimiento Popular Democrático solicitó "abrir la indagación previa e inmediatamente dictaminar el inicio de la instrucción fiscal, así como la realización de todas las diligencias necesarias, con el objeto de descubrir el cometimiento de delitos y los responsables de los mismos".
"Con el fin de garantizar la inmediación y la indemnización de daños y perjuicios", el MPD considera necesario que se dicten "medidas cautelares como prisión preventiva, prohibición de enajenar los bienes y la orden de prohibición de salida del país de los denunciados", indicó Villacís.
Además, pidió que se apresure el trámite para la extradición de aquellos denunciados que se encuentren fuera del Ecuador.
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