Pocas horas antes de que la Asamblea centre su debate en los artículos aprobados por la mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales que apuntan a que el Gobierno tenga mayor poder en la asignación de frecuencias y control de contenidos, el asambleísta Sergio Chacón (Sociedad Patriótica, SP) defendió la propuesta.
Aunque sí apoya dividir el espectro electromagnético en tres partes igualitarias entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil, Chacón considera que esta repartición se la debe hacer adecuadamente.
"Nosotros creemos que el Estado puede tener los medios de comunicación que pueda sostenerlos en forma decorosa", señaló antes de criticar que la estación televisiva estatal no llegue a más puntos que Quito y Guayaquil. "En ciudades pequeñas como el Tena, de donde yo provengo, el canal público sería inexistente si no hubiese la retransmisión a través de la televisión por cable".
También defendió la disposición aprobada en la que se prohíbe los monopolios de los medios de comunicación para garantizar los derechos ciudadanos a recibir información diversa y plural. "Si concentramos todos los medios en el sector público o en determinados segmentos del sector privado, estaríamos anulando el derecho ciudadano fundamental de poder informar, ser informado, poder opinar".
Sobre el control de contenidos, el asambleísta de SP dijo que esto se lo hará solo cuando el medio de comunicación induzca a actos ilícitos, como promover la violencia, la discriminación racial. "Esto ya consta en la Constitución de 1998, pero ahora se lo hace con un poco más de fuerza porque se está hablando que el Estado controlará la publicidad y los programas que induzcan a la violencia, al comercio sexual... En cambio, en la Constitución anterior estaba totalmente prohibido esto".
Cuestionado en Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) sobre cómo se evitará que esta modificación se traduzca en censura a determinado medio, Chacón aseguró que eso solo sucederá si la empresa a diario promueve actos ilícitos. "Esto está además reconocido en Derecho Internacional, el que señala que los límites de la libertad de expresión son la honra, el orden público y la seguridad nacional. Esta norma tiene que ver justamente con el orden público".
Sin embargo, el texto es más amplio pues señala que el Estado controlará además la intolerancia política o religiosa y a todo lo que afecte a los derechos fundamentales, lo que puede dar paso a que cualquier gobierno se inmiscuya a las políticas de cualquier medio de comunicación.
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